Un total de 64.116 andaluces han accedido a la Justicia Gratuita en el primer semestre del año, lo que representa más del 71% de las solicitudes recibidas en Andalucía. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública valora y remunera esta labor, que garantiza asistencia legal a aquellos que no cuentan con recursos económicos, protegiendo especialmente a colectivos vulnerables como mujeres, menores y personas con discapacidad en situaciones de abuso o maltrato.
Durante este periodo, se reconoció el derecho a un profesional de oficio a 64.116 andaluces, siendo Cádiz la provincia con mayor número de beneficiarios (14.858), seguida de Granada y Málaga (10.692 y 10.095 respectivamente). En términos de asistencia jurídica gratuita, se establece que las personas cuyos ingresos anuales brutos no superen ciertos límites tienen derecho a este servicio, así como las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, menores, personas con discapacidad y aquellos con secuelas de un accidente.
Es importante destacar que la mayoría de las solicitudes aceptadas estaban relacionadas con asesoramiento en procedimientos penales (37.396), seguidas de asuntos civiles (19.306) y contenciosos administrativos (7.417). Sin embargo, hubo casos en los que las solicitudes fueron denegadas por no cumplir con los requisitos establecidos.
En Andalucía, más de 8.800 profesionales de la Abogacía y la Procura están adscritos al turno de oficio, lo que garantiza el acceso de todos los ciudadanos a la Justicia, independientemente de sus circunstancias económicas y sociales. La Consejería de Justicia compensa económicamente esta labor, asegurando el pago a través de los colegios profesionales por las asistencias efectivamente prestadas.
Además, se han implementado mejoras en el sistema de Justicia Gratuita, como la inclusión de la mediación civil y mercantil, así como la mediación para asuntos penales. Estas medidas buscan agilizar los procesos y brindar una solución alternativa a los juicios, beneficiando tanto a los profesionales como a los ciudadanos involucrados en los casos.
En resumen, Andalucía se posiciona como una región comprometida con la justicia gratuita y el acceso a la misma para todos los ciudadanos, demostrando un esfuerzo constante por mejorar las condiciones de los profesionales de oficio y actualizar las cuantías de las retribuciones, en línea con las necesidades actuales del sistema judicial.
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