La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha anunciado que la Junta de Andalucía estudiará jurídicamente si recurrirá el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros que establece la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. López ha expresado su descontento con la aprobación de este decreto, que considera ha sido impuesto sin diálogo y con falta de transparencia.
En este sentido, la consejera ha destacado que Andalucía se posiciona como la comunidad autónoma con mayor capacidad de acogida, lo cual plantea desafíos significativos en la atención y protección de los menores. López ha enfatizado la importancia de preservar el interés superior de los niños, subrayando que el Sistema de Protección de Menores en Andalucía ya se encuentra saturado.
Como ejemplo de la solidaridad de Andalucía, López ha mencionado los 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España ha trasladado a la región bajo la apariencia de mayoría de edad, y que están siendo atendidos por el Gobierno andaluz. Sin embargo, la consejera ha alertado que el sistema andaluz está en riesgo de colapso debido al reparto impuesto por el Gobierno central, lo cual pone en peligro tanto a los menores ya presentes en el sistema como a los que se pretende trasladar.
Además, López ha hecho hincapié en la necesidad de que el Ejecutivo central reconozca a Andalucía como Frontera Sur, una petición que, según ella, ha sido constantemente negada a la comunidad. La consejera ha lamentado que el Gobierno central no esté asumiendo sus responsabilidades con los más de 1.000 menores migrantes solicitantes de protección internacional, a pesar de las demandas del Tribunal Supremo.
En conclusión, López ha criticado la falta de coordinación y diálogo por parte del Gobierno central en el reparto de menores migrantes, mientras que Andalucía sigue enfrentando desafíos significativos en la protección de los derechos de los niños en situación de migración.
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