El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado una transferencia de crédito por un importe de 3,5 millones de euros destinada a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Esta medida tiene como objetivo hacer frente al incremento de la plantilla de funcionarios de la Administración de Justicia, derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia aprobada por el Gobierno central.
La implementación de las fases I y II de esta nueva normativa implica un aumento de personal de 86 plazas, debido al cambio de estructura que implica la creación de nuevos tribunales de instancia. Este coste está siendo asumido únicamente por la Junta de Andalucía, junto con los demás gastos derivados de la norma, ya que esta carece de memoria económica. A pesar de ello, el Consejo de Gobierno ha instado al Gobierno de la Nación a cofinanciar los gastos, que en el caso de Andalucía alcanzarán los 57 millones de euros.
La primera fase de la ley entró en vigor el 1 de julio de 2025 en aquellos partidos judiciales que cuentan con juzgados de Mixtos y de Violencia sobre la Mujer, abarcando el 82% de los juzgados en Andalucía con más de 4.000 funcionarios de Justicia. La segunda fase se implementará el 1 de octubre de 2025, afectando a tres partidos judiciales en la provincia de Málaga. Finalmente, la tercera y última fase se llevará a cabo el 31 de diciembre de 2025 en las capitales de provincia y cuatro grandes ciudades, donde trabajan alrededor de 5.000 funcionarios de Justicia.
Para dar respuesta a estas nuevas exigencias, la Consejería de Justicia ha ampliado la plantilla de funcionarios en 86 plazas para las dos primeras fases, tras negociar con los sindicatos las relaciones de puestos de trabajo de los 73 partidos judiciales afectados. Además, se han creado nuevas jefaturas y plazas en los cuerpos de gestores procesales, tramitadores y Auxilio Judicial.
La Junta de Andalucía está asumiendo en solitario los costes derivados de esta adaptación, incluyendo la transformación de juzgados unipersonales en tribunales de instancia, la reorganización del personal y la adaptación de los juzgados de paz y registros civiles. A pesar de la falta de apoyo económico por parte del Gobierno de España, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha realizado una transferencia de 3.514.404,92 euros a la Consejería de Justicia para hacer frente a estos gastos. En total, se estima que la inversión necesaria para la aplicación de esta ley estatal alcance los 57 millones de euros.
En este contexto, el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo el 11 de junio de 2025 instando al Ministerio de Justicia a dotar a Andalucía de los medios económicos necesarios para la puesta en marcha de la norma estatal. Esta medida se presenta como un paso significativo en el proceso de adaptación de la Administración de Justicia en la región.
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