El Grupo Municipal Socialista de Córdoba ha denunciado la falta de políticas municipales de vivienda que dejan desprotegidas a las familias vulnerables de la ciudad. En particular, se ha alertado sobre un posible nuevo caso en el Sector Sur, lo que evidencia, según los socialistas, la ineficacia de las medidas implementadas por la administración local del Partido Popular para garantizar el derecho a una vivienda digna.
El concejal socialista Ángel Ortiz ha criticado duramente la política de vivienda del Partido Popular de Córdoba, calificándola como un «fracaso absoluto». Ortiz ha señalado la falta de mecanismos de mediación y protección por parte del Ayuntamiento, lo que deja a los ciudadanos desamparados frente a procedimientos judiciales complejos en casos de riesgo de pérdida de vivienda.
En este contexto, se ha destacado la importancia de la Oficina Municipal de Vivienda como herramienta fundamental para brindar asistencia, información, protección y defensa a las familias que ven vulnerado su derecho a la vivienda, especialmente frente a fondos buitres y especuladores. Se ha instado a la puesta en marcha inmediata de esta Oficina, así como a la reactivación de un protocolo municipal antidesahucios que involucre a diversos organismos como los Servicios Sociales, la Policía Local y Vimcorsa.
El alcalde ha sido criticado por ignorar las dificultades que enfrentan las familias cordobesas para acceder a una vivienda digna, y se ha subrayado la necesidad de que Vimcorsa recupere su papel como operador de vivienda social. Entre las medidas urgentes propuestas se encuentran la promoción del alquiler social, la compra pública de viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias abusivas, la mediación con grandes propietarios y la creación de un parque municipal de viviendas asequibles.
En definitiva, se ha hecho un llamado a la acción por parte del Ayuntamiento para garantizar que ninguna persona en Córdoba se enfrente sola a una situación de pérdida de vivienda, especialmente en el Sector Sur, donde la problemática habitacional se ha agravado. La situación actual exige una respuesta inmediata y efectiva para proteger los derechos de las familias más vulnerables de la ciudad.
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