La Junta de Andalucía se encuentra en la fase final del anteproyecto de la Ley de Patrimonio de Andalucía, con el objetivo de modernizar el régimen jurídico del patrimonio de la comunidad después de cuatro décadas. Esta actualización busca avanzar en la utilización y valorización de los bienes y derechos del patrimonio andaluz, implementando instrumentos jurídicos más eficientes para una gestión efectiva.
El anteproyecto, actualmente en manos del Consejo Consultivo, amplía la definición del Patrimonio de la Comunidad Autónoma e incorpora un régimen sancionador específico para protegerlo, con el fin de prevenir posibles daños y establecer responsabilidades claras. Además, se introducirán mecanismos más ágiles y efectivos para la gestión, eliminando trámites administrativos innecesarios y fomentando la coordinación entre las diferentes administraciones.
Entre las novedades destacadas se encuentra la creación de la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía, un portal digital que centralizará la información sobre operaciones y negocios jurídicos patrimoniales, promoviendo la transparencia y el acceso ciudadano a dicha información. Asimismo, se incluyen proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, que permitirán a las entidades locales proponer la activación de bienes en desuso, contribuyendo al desarrollo local y la recuperación de espacios públicos.
Además, la nueva ley incorporará la consulta de interés de mercado, para recopilar información del sector empresarial y la sociedad civil y mejorar los procesos de adjudicación o diseño de nuevos usos para el patrimonio autonómico. En línea con la sostenibilidad y la economía circular, se aplicarán criterios medioambientales en la gestión patrimonial, fomentando la reutilización de bienes obsoletos y su cesión con fines sociales, educativos o medioambientales.
En resumen, la actualización de la Ley de Patrimonio de Andalucía representa un paso importante hacia una gestión más eficaz, moderna y transparente del patrimonio autonómico, adaptándose a las necesidades actuales y garantizando un uso óptimo de los recursos públicos y privados disponibles.
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