El consejero no residente de Pozoblanco (Córdoba), Gerardo Arévalo, ha expresado su descontento con el procedimiento administrativo anunciado para la recuperación de los dispositivos electrónicos municipales que aún están en su poder. Según Arévalo, este procedimiento carece de lógica legal y ha sido abordado previamente en los tribunales.
En respuesta a la comunicación del consejo local sobre la devolución de una tableta y un teléfono que se le atribuyen, Arévalo ha aclarado varios puntos que contradicen la versión del equipo de gobierno. Desde el momento en que dejó su cargo como consejero delegado, Arévalo comunicó su intención de comprar los dispositivos y pagar su valor residual después de una evaluación económica.
Arévalo ha destacado que la retención de estos dispositivos se debe a la evidencia relacionada con una investigación judicial en curso que implica directamente al alcalde. En estos dispositivos se encuentran correos electrónicos fundamentales que respaldan reclamaciones de devolución de fondos indebidos.
El consejero ha solicitado repetidamente una copia oficial de estos correos electrónicos al consistorio, pero sus solicitudes han sido rechazadas sistemáticamente. Considera que el procedimiento administrativo anunciado es una maniobra para desacreditarlo en lugar de asumir responsabilidades y proporcionar transparencia.
A pesar de las dificultades, Arévalo ha continuado desempeñando sus funciones con compromiso y responsabilidad, sin incurrir en costos económicos para los ciudadanos o el Consejo Municipal. Mientras tanto, el Consejo Municipal ha informado que el alcalde aún no ha devuelto una tableta iPad Pro 10 y un teléfono iPhone 13 Pro Max asignados a su cargo, a pesar de que sus funciones han concluido.
En resumen, la situación entre Arévalo y el equipo de gobierno ha generado tensiones debido a la retención de dispositivos electrónicos y a la falta de transparencia en la gestión de la información. Esta controversia destaca la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en la administración pública.
FUENTE