La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía avanza en el análisis de las acusaciones presentes en el anteproyecto de Ley de Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM). La consejera subsidiaria, Catalina García, destacó el compromiso del Gobierno andaluz por construir un texto legal consensuado y adaptado a las necesidades actuales y futuras, con el objetivo de convertir a Andalucía en un referente de sostenibilidad.
En un encuentro en el Foro de la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (GAESCO), García y otros funcionarios ejemplificaron la voluntad del consejo de lograr el mayor consenso posible. Agradecieron la presencia de profesionales y representantes institucionales en este espacio de diálogo y debate sobre temas clave para el sector de la construcción y el desarrollo sostenible.
Tras la publicación del proyecto de Ley en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se recibieron numerosas aportaciones que están siendo analizadas con rigor. Se destacó el impacto positivo que LEGAM tendrá en sectores como el agroindustrial, energético, minero y pesquero, gracias a las nuevas regulaciones que acelerarán procedimientos esenciales y promoverán la innovación tecnológica.
LEGAM tiene como objetivo simplificar, modernizar y agilizar los procedimientos administrativos, reforzando la seguridad jurídica. Entre sus metas se encuentran la simplificación administrativa, la reducción de plazos para las autorizaciones ambientales unificadas (AAU) y la introducción de la Licencia Ambiental, de competencia municipal.
Además, LEGAM promueve la sostenibilidad a través del fomento de tecnologías sostenibles, incentivos fiscales y medidas que favorecen la economía circular. También establece el nuevo Consejo Consultivo de Medio Ambiente de Andalucía (CAMA) para fortalecer el diálogo entre la administración, los agentes sociales y la sociedad civil.
Catalina García enfatizó que el objetivo final de LEGAM es equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, ofreciendo a Andalucía un instrumento jurídico moderno para garantizar la sostenibilidad en todos los ámbitos. Se seguirá trabajando en incorporar mejoras derivadas de las acusaciones presentadas, con la expectativa de que la ley se convierta en un referente a nivel nacional y europeo.
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