El consejero de Justicia y la alcaldesa de la localidad malagueña han firmado un convenio de colaboración público-pública para atender una demanda histórica en la zona. Este acuerdo busca mejorar la coordinación entre ambas instituciones en temas de justicia y servicios públicos, con el objetivo de ofrecer una mejor atención a los ciudadanos.
Dentro de las acciones contempladas en este convenio se encuentra la puesta en marcha de un programa piloto de mediación comunitaria para resolver conflictos de manera pacífica y sin necesidad de recurrir a los tribunales. Asimismo, se establecerá un sistema de información y orientación jurídica en el que se brindará asesoramiento a los vecinos sobre sus derechos y deberes legales.
Este acuerdo supone un paso importante en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la localidad, promoviendo la resolución de conflictos de forma efectiva y fomentando una cultura de paz y diálogo en la comunidad. Sin duda, se trata de una iniciativa que beneficiará a todos los ciudadanos y que demuestra el compromiso de las autoridades locales en trabajar de manera conjunta para garantizar el bienestar de sus vecinos.
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