La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía está llevando a cabo la reordenación del edificio de la Ciudad de la Justicia en Córdoba para adaptarlo a la nueva estructura de juzgados, secciones y servicios comunes establecida por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entrará en vigor el próximo 31 de diciembre en la capital cordobesa.
Esta reorganización incluye la creación de nuevas áreas de mediación y conciliación, salas de deposición y mostradores de servicio público en varios pisos. Con la implementación de la Ley de Eficiencia, los 39 juzgados unipersonales desaparecerán para integrarse en un único juzgado con Servicio General Común, Servicio de Tramitación Común y Servicio Común de Ejecución, junto con la Audiencia Provincial con el Servicio de Tramitación Común y Estado Civil.
Para coordinar esta reestructuración, el ministro de Justicia, José Antonio Nieto, y la delegada territorial en Córdoba, Raquel López, han mantenido reuniones con autoridades judiciales y el consejo de personal. Se establecerán oficinas de atención al cliente, una zona de mediación, salas de conciliación, y se habilitarán salas de deposición en las actuales oficinas de los Juzgados de Instrucción.
Además, se prevé la ampliación de la sección de Violencia contra las Mujeres y se han creado nuevos puestos específicos para la sección de Violencia sobre la Mujer, que también se encargará de los delitos sexuales debido a una reforma del Estado.
El coste en personal para esta fase en la ciudad de Córdoba supera los 74.000 euros anuales, mientras que la inversión en las obras necesarias tiene un presupuesto cercano a los 50.000 euros. La Junta de Andalucía asumirá estos costes, ya que la Ley de Eficiencia no contempla ayudas financieras del Gobierno español, lo que supondrá un gasto total de casi 57 millones de euros para las arcas andaluzas.
Esta reorganización busca mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios judiciales en Córdoba, adaptándose a las nuevas exigencias legales y optimizando los recursos disponibles para garantizar un mejor funcionamiento de la administración de justicia en la región.
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