El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha resaltado la importancia de dotar a la provincia de Málaga de infraestructuras judiciales modernas, como parte del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030. Este plan contempla el cambio de sedes de siete de los 11 partidos judiciales malagueños, así como la ampliación de la Ciudad de la Justicia de la capital y la construcción de nuevos edificios en Marbella, Torrox, Fuengirola, Torremolinos, Archidona y Estepona.
Nieto informó en el Pleno del Parlamento sobre la colaboración con el Ayuntamiento de Torrox para llevar a cabo uno de los proyectos incluidos en el plan. Esta colaboración público-pública, junto con otras formas de financiación como la colaboración público-privada y el uso de fondos europeos, permitirá transformar edificios judiciales obsoletos en instalaciones modernas y accesibles en la provincia de Málaga.
Proyectos históricamente demandados como la nueva sede judicial en Torrox y en Marbella, que recientemente avanzó con la firma de un acuerdo con la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento para el acceso a los terrenos de la Ciudad de la Justicia, son ejemplos de los avances logrados gracias a estas colaboraciones interadministrativas.
Además, el plan incluye la construcción de nuevas sedes en Fuengirola, Torremolinos, Estepona y Archidona, así como mejoras en accesibilidad y eficiencia energética en Ronda, Antequera, Vélez-Málaga y Coín. Estas acciones buscan adecuar las infraestructuras judiciales a las necesidades de una población en constante crecimiento, especialmente en municipios costeros.
En el caso del proyecto en Torrox, se prevé la construcción de un nuevo edificio en el solar del antiguo campo de fútbol de San José, triplicando la superficie actual para dar respuesta a las demandas actuales y futuras de la población. Se busca transformar una sede obsoleta en una de las más modernas de Andalucía, con instalaciones adaptadas a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
El coste de estas obras rondará los 4,5 millones de euros, con un acuerdo de mutación demanial externa a la Junta por 30 años a cambio de un canon anual, lo que implicará una inversión total de más de 6 millones de euros. Una vez finalizado, el edificio seguirá siendo de titularidad municipal, y se espera que beneficie tanto a ciudadanos como a operadores jurídicos, al Ayuntamiento y a la Consejería.
En resumen, el impulso a las infraestructuras judiciales en la provincia de Málaga refleja un compromiso por modernizar y mejorar las condiciones de trabajo en el ámbito judicial, respondiendo a las necesidades de una población en crecimiento y garantizando la accesibilidad y eficiencia de los servicios judiciales en la región.
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