La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, han firmado un convenio de colaboración con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, para la ejecución de los nuevos accesos a la futura Ciudad de la Justicia. Este acuerdo supone un paso decisivo en la planificación y desarrollo de esta infraestructura judicial, que permitirá centralizar los servicios judiciales del municipio y mejorar su accesibilidad.
La Junta de Andalucía impulsa la construcción de las vías que conectarán la carretera de Ojén (A-355) y la futura Ciudad de la Justicia de Marbella. El proyecto de nuevo acceso, financiado por el Ayuntamiento de Marbella con un montante estimado de 19,7 millones de euros, contempla la mejora integral y la duplicación de calzada de un tramo de algo más de un kilómetro de la A-355 para aumentar la capacidad y la seguridad vial. Las obras se ejecutarán entre 2026 y 2029, según las anualidades del acuerdo.
La Consejería de Fomento ejercerá como promotora de la actuación, supervisando tanto el proyecto como la ejecución de las obras. Por su parte, la Consejería de Justicia se encargará de la planificación y coordinación en el marco del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030.
Rocío Díaz ha destacado la importancia de los nuevos accesos para hacer realidad la futura Ciudad de la Justicia, que pondrá fin a la dispersión actual de los órganos judiciales y mejorará la atención a la ciudadanía. La colaboración entre el Ayuntamiento y las Consejerías de Fomento y Justicia demuestra que trabajando juntos se pueden acelerar proyectos estratégicos que transformarán la ciudad y mejorarán la calidad de vida de sus vecinos.
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública ha resaltado la relevancia del acuerdo para garantizar los accesos y la integración urbana del complejo judicial. La futura Ciudad de la Justicia consolidará a Marbella como el segundo gran complejo judicial de la provincia tras el de Málaga, con un edificio que doblará la superficie actual disponible y se planificará la ampliación para crecimientos futuros.
Además, el Plan de Infraestructuras Judiciales contempla importantes inversiones para la provincia malagueña, incluyendo la construcción de siete sedes nuevas con una inversión de 125 millones de euros. Este proyecto contribuirá a modernizar los servicios públicos en la región y favorecerá una movilidad más eficiente y segura en la Costa del Sol.
En conclusión, la firma de este convenio representa un avance significativo para Marbella, acercando la materialización de una infraestructura judicial esperada y necesaria. La colaboración entre las diferentes instancias gubernamentales y el compromiso con el desarrollo de la ciudad son clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y potenciar el crecimiento de la región.
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