El viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona, ha expresado la firme oposición del Gobierno andaluz al procedimiento de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal en las marismas de Doñana. Esta postura se ha manifestado en la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, donde Arjona ha destacado que el proceso carece de consenso y ha sido llevado a cabo sin respetar el informe preceptivo del Consejo.
En dicha reunión, se abordó el informe sobre el deslinde que afecta a los términos municipales de Hinojos, Almonte y Aznalcázar, el cual ha sido desfavorablemente valorado por el órgano. Asimismo, se ha decidido elevar una queja formal al Ministerio por no haber tenido en cuenta el informe del propio Consejo en la orden correspondiente.
Arjona ha criticado la falta de transparencia y diálogo en la tramitación del expediente, señalando que el Gobierno central ha actuado unilateralmente sin tener en cuenta a las administraciones involucradas en la gestión de Doñana. Además, ha resaltado que la Junta de Andalucía ya se había opuesto al deslinde propuesto, argumentando que la propuesta del Ministerio excede los límites naturales de influencia mareal y no está debidamente justificada.
El viceconsejero ha subrayado que el deslinde afecta al 56% de las fincas públicas del espacio, incluyendo la totalidad de las marismas de la provincia de Sevilla. Estas fincas, según Arjona, están perfectamente conservadas y han sido objeto de restauración y seguimiento científico constante.
En respuesta a esta situación, el Gobierno andaluz tiene previsto interponer un recurso para defender los intereses ambientales y patrimoniales de Andalucía. Arjona ha enfatizado la importancia de basar las decisiones sobre el territorio en la realidad física y ecológica, en lugar de en interpretaciones administrativas que puedan alterar un equilibrio que ha funcionado durante décadas. Además, ha reiterado la disposición de la Junta de Andalucía a mantener un diálogo constructivo con el Ministerio para la Transición Ecológica, siempre respetando los procedimientos, la ciencia y la legalidad vigente.
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