La nueva Ley del Patrimonio de Andalucía continúa avanzando en su tramitación parlamentaria después de superar el debate a la totalidad en la Cámara andaluza. El objetivo principal de esta ley es establecer un marco moderno, eficaz y transparente para la gestión de los bienes propiedad de la Junta de Andalucía.
La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha destacado la importancia de esta ley para el buen gobierno y la modernización de la Administración andaluza. Según sus palabras, esta ley convierte el patrimonio público en una herramienta activa de desarrollo económico y social al servicio de los andaluces.
La normativa actual sobre el Patrimonio de Andalucía data de 1986, lo que la convierte en la norma patrimonial más antigua de España. Tras casi cuarenta años, se hacía necesario actualizarla para poder gestionar de manera efectiva el patrimonio en el siglo XXI.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva ley es la introducción de instrumentos innovadores de gestión y control, como el Inventario General digitalizado o la Plataforma de Publicidad Patrimonial. Estos mecanismos permitirán a los ciudadanos conocer qué bienes posee la Junta, su uso y las operaciones patrimoniales que se realicen.
Además, la norma establece un régimen sancionador propio para proteger los bienes públicos frente a usos indebidos, simplifica los procedimientos administrativos y promueve la economía circular, fomentando la reutilización y reciclaje de bienes en desuso.
La puesta en marcha de esta nueva ley ha permitido al Gobierno andaluz implementar un nuevo modelo de gestión integral, con resultados concretos como subastas públicas transparentes, ingresos significativos y ahorros anuales en mantenimiento e impuestos.
En resumen, la Ley del Patrimonio de Andalucía nace con la clara vocación de servicio público, reflejando el compromiso del Gobierno andaluz por gestionar el patrimonio con rigor, transparencia y responsabilidad. Esta ley, elaborada con la participación de diversas entidades y respaldada por órganos consultivos, marca un paso importante hacia una gestión más eficiente y efectiva de los bienes públicos en Andalucía.
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