La norma acelerará la construcción de VPO y la rehabilitación, reducirá la burocracia y brindará asistencia a los propietarios frente a la ocupación ilegal. Por ejemplo, se espera que la reducción de trámites y procesos administrativos agilice la entrega de viviendas de protección oficial, beneficiando a las familias que más lo necesitan. Además, la asistencia a los propietarios afectados por ocupaciones ilegales les brindará mayor seguridad y protección de sus derechos.
En un contexto donde la demanda de vivienda asequible supera con creces la oferta disponible, esta norma se presenta como una medida clave para fomentar la construcción de viviendas de protección oficial y la rehabilitación de inmuebles en mal estado. Asimismo, al reducir la burocracia, se espera que se agilicen los procesos de licencias y autorizaciones, lo que favorecerá la inversión en el sector inmobiliario y la generación de empleo en la construcción.
En resumen, la nueva norma busca impulsar el mercado de la vivienda protegida, facilitar el acceso a una vivienda digna para aquellos que más lo necesitan y proteger los derechos de los propietarios frente a situaciones de ocupación ilegal. Sin duda, se trata de una medida que impactará positivamente en el sector inmobiliario y en la sociedad en general.
FUENTE